En
una de las entradas anteriores, se decía que partiéramos del siguiente sofisma:
El gasto
farmacéutico en España es elevado
Los pensionistas
no pagan los fármacos
Luego, los
pensionistas son los responsables del gasto farmacéutico.
La actual crisis
económica por la que atraviesa España, imputable única y exclusivamente a la
casta política, a todos los políticos sin excepción, obliga a adoptar medidas
tendentes a la reducción del gasto público, por una parte y, de otra, a la
mayor recaudación posible vía impuestos.
El PSOE, sus dirigentes, es el gran
responsable de la quiebra técnica en que se encuentra España, como consecuencia
del despilfarro continuado (cuando no la malversación y expolio) que ha
caracterizado sus des-gobiernos en cualquiera de sus niveles, local, autonómico
o estatal.
Además, tal
responsabilidad se extiende a los políticos nacionalistas de cualquier signo y,
por supuesto, a los políticos del Partido Popular en la medida que han gobernado
en distintos ámbitos de la Administración.
Si en España
funcionara la Justicia, la inmensa mayoría de los políticos debiera estar imputada
por haber llevado a la ruina a nuestra Nación. Pero hablar de Justicia en pleno
“Estado de desecho” es poco menos que
una quimera.
Así las cosas,
el des-gobierno del PP de RAJOY,
incapaz de adoptar medidas que favorezcan el crecimiento económico, con la
correspondiente creación de empleo, ha emprendido una política de ajustes que
acabará, por ineficaz, en la quiebra total de España.
Para que haya
crecimiento económico debe incentivarse el consumo interno; pero éste no se
incentiva con el alto nivel de desempleo ni con las medidas adoptadas por el
equipo económico del señor RAJOY,
que vienen a minorar la liquidez de los ciudadanos en su doble cualidad de
contribuyentes y consumidores, detrayendo
de sus bolsillos para afrontar el despilfarro, malversación y latrocinio
que caracteriza el gasto público en España.
Y, ya puestos a
sangrar aún más al ciudadano contribuyente y consumidor, qué menos que hacer
recaer sobre ellos el “medicamentazo”, sobre la base del
sofisma que encabeza la presente entrada.
La propaganda
gubernamental trata de hacer creer que, tanto el gasto sanitario como el
farmacéutico en España son elevados. No merecemos los españoles estos políticos
mentirosos y golfos que juegan con el dinero ajeno, que vienen a servirse, que
no a servir, que vienen a expoliar al ciudadano, mientras ellos siguen en el
despilfarro y en la malversación.
LA GRAN MENTIRA DEL GASTO SANITARIO Y FARMACÉUTICO
EN ESPAÑA.
La OCDE publicaba el pasado año 2011 un informe relativo a la salud en
los países miembros y en particular referido a España.
Así, nos encontramos que en el
año 2009, el gasto sanitario en relación con el PIB alcanzó un 9.5% en España, lo que viene a suponer un promedio
similar al de los países de la OCDE.
Pero dicho dato es engañoso,
porque la recesión que sufre España desde el año 2008, fundamentalmente a
partir del segundo semestre, ha implicado la caída del PIB, por lo que no se
puede afirmar con rigor que tal dato se corresponda con la realidad. Según el
referido informe, el porcentaje del PIB dedicado a la salud en España aumentó en un punto
porcentual entre 2007 y 2009, de 8,5% en 2007, a 9,0% en 2008 y 9,5% en 2009.
Lo cierto es que no se ha
producido un aumento del gasto sanitario en relación con el PIB, sino una caída
del propio PIB, que es lo que ha elevado el porcentaje del gasto sanitario..
Hay que insistir, que no engañen,
realmente no aumentó el gasto sanitario, sino que se redujo el PIB.
No obstante, a pesar de todo, España se encuentra, en
términos de paridad, por debajo del
promedio de la OCDE en cuanto a gastos totales per cápita, con un gasto promedio de 3.067 dólares USA (USD) en
el 2009, mientras el promedio en la OCDE alcanzó 3.223 USD.
Cuadro
1.- Gasto sanitario en relación con el PIB, países OCDE 2009
Cuadro
2.- Gasto sanitario per cápita, público y privado, países de la OCDE, 2009
1. En los Países
Bajos, no es posible distinguir entre los gastos públicos y los gastos privados
relacionados con las inversiones
2. Los gastos
totales no incluyen las inversiones. Fuente: Base de datos de la OCDE sobre la salud 2011, Junio 2011.
Según las fuentes consultadas,
entre los años 2000 y 2009, los fondos dedicados al gasto en salud per cápita, crecieron al 4.0% anual en
términos reales, igual al promedio en los países de la OCDE. No obstante, con
la crisis y la recesión económica, se observa en España una desaceleración en
el gasto per cápita en salud en torno al 1,5 por ciento, implicando una fuerte
reducción del gasto público en materia de salud, observándose dicho
comportamiento en el gasto privado.
No conviene olvidar que España no
es el único país que nutre con fondos públicos el sistema de salud; todos los
países de la OCDE, con las excepciones de Chile, México y USA tienen al sector
público como la principal fuente de fondos. La financiación pública de la
salud, durante el año 2009 alcanzó un promedio del 71,7 por ciento en los países
de la OCDE; en España alcanzó el 73,6 por ciento. Por encima de España, con más
de un 80 por ciento de financiación pública hay que citar: Reino Unido, Japón y
los países nórdicos, esto es, Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia.
El origen del presunto elevado
gasto sanitario y farmacéutico es doble.
Con la llegada al poder del PSOE allá por el año 1982, los
socialistas, como siempre, jugando con el dinero ajeno, con el dinero del
contribuyente, establecieron el sistema de “sanidad
gratis para todos”.
En el año 2000, bajo el gobierno
de AZNAR se promulgó la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social. El denominado “efecto llamada” quedó consagrado con
esta repugnante norma. El sistema de “sanidad
gratis para todos” pasaba a ser un sistema de “sanidad gratis para todos con carácter universal”.
Es, precisamente, a partir del
año 2000 cuando los gastos sanitario y farmacéutico comienzan a dispararse.
En el ámbito del gasto farmacéutico
estricto, hay que atender a ciertas consideraciones previas.
Los agentes que intervienen en la oferta
de medicamentos son: a) Productores, que
son la industria y los laboratorios; b)
Distribuidores; y, c) Oficinas de
farmacia.
La demanda de medicamentos se canaliza a
través de: a) Ministerio de Sanidad; y,
b) Consejerías de Sanidad de las
Comunidades Autónomas y tiene como demandantes a los servicios de salud; a los servicios
médicos, que son los que prescriben los medicamentos; y, por supuesto, al usuario final. En realidad, es la
Dirección General de Farmacia la que decide sobre las condiciones de
financiación y prescripción en el ámbito del sistema nacional o público de
salud, correspondiendo a las Comunidades Autónomas la potestad controladora de
la prescripción.
Las normas establecen las potestades de
la Administración en el ámbito farmacéutico; así, el Estado tiene las
potestades de evaluación, autorización y registro de medicamentos; las de
inspección, vigilancia y control de los mismos; y, la de análisis económico.
Además, tiene el Estado la potestad de fijar los precios, determinando los
conjuntos y precios de referencia, incluyendo dicha potestad la de fijar los
márgenes comerciales de distribuidores y oficinas de farmacia; la de incluir o
excluir medicamentos de la financiación pública; y, la de establecer las
aportaciones que han de realizar los usuarios finales, entre otras.
En
nuestro país la mayor parte de los medicamentos se financian total o parcialmente
por el sistema público de salud y, en los últimos años se ha observado que la
mayor parte de los nuevos medicamentos se comercializan a precios más elevados
en algunas áreas terapéuticas, lo que supone una causa añadida favorecedora del
incremento del gasto farmacéutico dentro del presupuesto sanitario.
Pero, ¿cómo se establece el precio de los
medicamentos?
Es
el gobierno quien, a través de la Comisión Interministerial de Precios de
Medicamentos (CIPM), fija los precios industriales de los
medicamentos, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 271/1990, de 23 de febrero, de reorganización de la intervención de los precios de las
especialidades farmacéuticas de uso humano.
El
precio se establece en función de varios componentes;
se fija atendiendo a: a) coste de
investigación y desarrollo tecnológico; b) beneficio empresarial; y, c) promoción
y publicidad. El gobierno, a través de su Ministerio de Sanidad establece el
precio de venta al público (PVP) de los medicamentos en tanto que, por una
parte, fija el precio de venta del laboratorio y, por otra, regula los conceptos de comercialización
añadidos, esto es, la distribución y dispensación de los mismos. Precisamente,
el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de
mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público, confiere a la CIPM, la facultad de fijar las cuantías económicas correspondientes
a estos dos últimos conceptos, distribución y dispensación, estableciendo, en
su caso, las deducciones aplicables a la facturación de los mismos con cargo al
sistema nacional de salud. Es a la CIPM
a la que corresponde, en definitiva, fijar de forma motivada, los precios
industriales máximos de los medicamentes que hayan de incluirse entre las
prestaciones farmacéuticas del sistema nacional de salud.
(Continuará…)
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